Derecho agrario en México: retos y relevancia en zonas rurales
La tierra como eje de justicia social
El derecho agrario en México no es solo una rama jurídica más; es un instrumento esencial para garantizar la justicia social en el campo. Desde la Revolución Mexicana, la tierra ha sido un símbolo de lucha, identidad y supervivencia para millones de personas. Sin embargo, los retos legales que enfrentan hoy las comunidades rurales distan mucho de lo que dictan los discursos oficiales.
Un marco legal con raíces históricas
El artículo 27 de la Constitución es el corazón del derecho agrario mexicano. A partir de él se han estructurado leyes que regulan la propiedad social, como la Ley Agraria, que establece cómo se crean, modifican o extinguen los ejidos y las comunidades. Este entramado jurídico ha permitido que más de la mitad del territorio nacional esté bajo propiedad social.
Pero tener tierra legalmente no significa tener certeza, ni mucho menos condiciones óptimas para producir. La complejidad de la normativa, la falta de asesoría legal y los vacíos en su aplicación siguen dejando en desventaja a los campesinos frente a grandes intereses económicos.
Retos legales actuales
Uno de los principales problemas es la titulación. Muchas tierras ejidales o comunales carecen de documentación actualizada o han sido mal parceladas, lo que provoca conflictos entre familias, vecinos o incluso comunidades completas. A esto se suma el abandono institucional: los tribunales agrarios están saturados, mal distribuidos y carecen de recursos suficientes.
El fantasma del despojo
En zonas con alto valor económico, como aquellas ricas en recursos minerales o cercanas a megaproyectos, los conflictos por la tierra aumentan. Empresas privadas, en complicidad con autoridades locales o estatales, presionan para que los ejidos vendan, renten o cedan sus tierras a precios injustos, aprovechando la desinformación y la falta de acompañamiento legal.
Reforma, pero sin implementación efectiva
Aunque ha habido esfuerzos por actualizar el marco jurídico agrario, muchas de estas reformas no se han traducido en mejoras reales. La digitalización de registros, por ejemplo, ha avanzado lentamente, dejando fuera a miles de comunidades que siguen dependiendo de documentos físicos extraviados o dañados.
La Procuraduría Agraria, encargada de asesorar y defender los derechos de los campesinos, opera con recursos limitados y cobertura insuficiente. En muchos casos, los agricultores deben pagar asesorías privadas que no siempre son accesibles ni confiables.
La justicia que no llega al campo
La lejanía geográfica, combinada con la lejanía institucional, deja a las comunidades rurales en un limbo jurídico. Para muchos campesinos, iniciar un juicio agrario implica viajes largos, costos elevados y años de espera. Esta desigualdad procesal perpetúa la idea de que la ley no protege a quien más la necesita.
Casos que ilustran la urgencia
En regiones como la Huasteca o la Mixteca, se acumulan casos donde la falta de claridad legal ha provocado conflictos violentos. En Chiapas, por ejemplo, varias comunidades han tenido que organizarse de forma autónoma para evitar el despojo por parte de inmobiliarias. Estas situaciones reflejan cómo la falta de una política agraria moderna y efectiva puede convertirse en fuente de violencia estructural.
¿Y ahora qué?
El derecho agrario necesita más que reformas: requiere una implementación profunda y cercana a la realidad rural. Las leyes deben hablar el idioma del campesino, no el del burócrata. Se necesitan campañas masivas de regularización, asesoría jurídica gratuita en territorio, y voluntad política para hacer del campo mexicano un espacio de legalidad, no de abandono.
La tierra sigue siendo vida para millones de mexicanos. Que su posesión y uso estén respaldados por la ley, de forma clara y justa, no es un privilegio: es una deuda histórica que sigue pendiente.