La legalidad del acceso al agua en comunidades rurales mexicanas
El agua: derecho fundamental, no favor del gobierno
En México, el acceso al agua potable está reconocido como un derecho humano desde 2012, tras una reforma al artículo 4° constitucional. Sin embargo, en la práctica, para miles de comunidades rurales, este derecho sigue siendo una promesa vacía. Tuberías rotas, pozos secos, pipas insuficientes y corrupción local hacen que conseguir agua sea una lucha diaria. ¿Qué dice la ley? ¿Qué puede hacer una comunidad cuando el Estado no cumple?
Marco legal del agua en México
La Ley de Aguas Nacionales establece que la gestión del agua corresponde a la Federación, pero permite su administración por parte de estados, municipios y organismos operadores. También se reconoce la participación comunitaria en zonas donde no existen redes públicas, lo cual aplica en muchas regiones rurales.
El problema es que entre las responsabilidades compartidas y la falta de coordinación, nadie se hace cargo de manera efectiva. El resultado: abandono y omisión.
Obligaciones del Estado
El gobierno está obligado a garantizar el acceso, disponibilidad y calidad del agua. Esto incluye construir infraestructura, mantener los sistemas existentes y asegurar que el agua que llega a las comunidades no esté contaminada. Cuando esto no ocurre, se incurre en una violación de derechos humanos.
¿Qué hacer cuando el agua no llega?
Las comunidades pueden actuar por vías legales. Una de ellas es el juicio de amparo, cuando la omisión afecta derechos fundamentales. Existen antecedentes donde jueces federales han ordenado a autoridades locales abastecer agua a poblaciones enteras.
También es posible interponer quejas ante organismos de derechos humanos, como la CNDH o las comisiones estatales. Estos órganos pueden emitir recomendaciones que, si bien no son vinculantes, presionan políticamente a los gobiernos omisos.
La justicia hídrica no es igual para todos
El acceso desigual al agua también refleja una brecha legal. Las zonas urbanas suelen tener más canales para exigir sus derechos, mientras que en comunidades rurales la distancia, el idioma, el desconocimiento legal y la falta de abogados agravan la situación. El resultado es una población vulnerable frente a autoridades que, muchas veces, ni siquiera conocen sus obligaciones.
Resistencia desde abajo
En varios estados del país, las comunidades se han organizado para gestionar sus propios sistemas de agua. Aunque no siempre cuentan con permiso formal de CONAGUA, su funcionamiento es más eficiente que el de muchas dependencias. Pero cuando el gobierno decide intervenir, lo hace con fuerza: clausuras, multas, e incluso denuncias penales.
Agua y megaproyectos: el conflicto silencioso
La falta de agua en muchas regiones también está relacionada con el uso intensivo que hacen las industrias extractivas y agrícolas. En algunos casos, el Estado concede concesiones de explotación a empresas privadas mientras niega el derecho básico a comunidades vecinas. Es el caso de zonas en Puebla, San Luis Potosí o Chihuahua, donde los habitantes deben pagar por pipas mientras cerca se extraen miles de litros diarios para actividades comerciales.
Un derecho que necesita defensa
El acceso al agua no puede depender del código postal, el presupuesto municipal o el interés político del momento. Es un derecho constitucional, y como tal, exige defensa jurídica, presión social y voluntad política para que deje de ser un privilegio y se convierta en realidad cotidiana para todas las comunidades mexicanas.
La ley está de su lado, pero no llegará sola
Las comunidades necesitan acompañamiento legal, organizaciones sociales que visibilicen la problemática y una ciudadanía que no normalice la escasez. Porque en pleno siglo XXI, que haya pueblos sin agua no es un accidente: es una omisión sistemática que debe cambiar desde la raíz.