La crítica de Leticia Bonifaz a la reforma judicial: un retroceso para las víctimas
Leticia Bonifaz Alfonzo, exconsejera jurídica del gobierno del Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard y actual integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), ha lanzado duras críticas contra las recientes reformas judiciales impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según Bonifaz, estas reformas, promovidas por la mayoría de Morena en el Congreso, pondrán en riesgo las posibilidades de defensa para las víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente en los casos relacionados con la violencia de género.
En un conversatorio realizado por el Colegio de México con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Bonifaz expresó su “pesimismo” sobre la reforma al Poder Judicial. Según la exconsejera, la reforma plantea incertidumbre sobre la imparcialidad y competencia de quienes ocuparán los nuevos cargos judiciales en el país. Para Bonifaz, la reducción de las posibilidades de defensa para las víctimas es una consecuencia directa de la supremacía constitucional, una figura incluida en la reforma, que limita la aplicación de criterios internacionales en favor de las víctimas.
Bonifaz explicó que, si bien el derecho internacional ha sido clave en la obtención de justicia para las víctimas de feminicidio, la nueva normativa dificulta la utilización de esos precedentes en los tribunales nacionales. Un ejemplo claro es el caso de Mariana Luna Buendía, víctima de feminicidio en 2019, cuyo caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La sentencia de la SCJN obligó a las autoridades a investigar todos los casos de muertes violentas de mujeres como feminicidio, incluso cuando inicialmente se clasificaran como suicidios o accidentes. Según Bonifaz, con las reformas en marcha, casos como este ya no se podrán abordar de la misma manera, lo que representa un retroceso para los derechos de las víctimas.
resalta que, aunque Bonifaz reconoce el coraje de mujeres como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, que han luchado durante años para obtener justicia, la situación actual no invita al optimismo. La incertidumbre sobre el proceso de selección de jueces y la posible falta de imparcialidad generan dudas sobre el futuro de la justicia en México. Bonifaz agregó que no sabe si los legisladores que aprobaron la reforma comprendieron completamente sus implicaciones, especialmente en cuanto al freno que implica para los avances en derechos humanos.
En su intervención, Bonifaz también destacó el grave problema de la violencia contra las mujeres en México, mencionando que, mientras que en países como los escandinavos el 90% de los casos de feminicidio reciben justicia, en México, solo un pequeño porcentaje tiene una resolución efectiva. “En México, el 90% de los casos persisten en la impunidad”, señaló.
Además, la exconsejera mostró su preocupación por las recientes declaraciones de legisladores que mencionaron que preferirían jueces que trabajaran únicamente con la Constitución y el Código Civil, aludiendo al modelo de Benito Juárez. Para Bonifaz, esta visión simplista del sistema de justicia no responde a las complejidades actuales de los derechos humanos, mucho menos en casos de feminicidio.
Por su parte, Irinea Buendía compartió su experiencia personal y de lucha para conseguir una sentencia firme de 70 años de prisión para el feminicida de su hija. También habló sobre la iniciativa de ley “Mariana Lima Buendía”, que busca que los Congresos locales adopten las recomendaciones de la SCJN en materia de feminicidio. A pesar de los avances, Buendía lamentó que la iniciativa aún no se haya aprobado en la mayoría de los estados.
concluye que, si bien es valiosa la lucha constante de las madres y activistas como Irinea Buendía, las reformas judiciales aprobadas recientemente en México amenazan con deshacer el poco progreso alcanzado en la justicia de género. La tendencia a limitar el acceso a los estándares internacionales y el desconocimiento de la magnitud de estos retrocesos ponen en peligro los derechos fundamentales de las víctimas.