Acceso legal a recursos naturales en propiedad comunal: lo que dice la ley
Cuando el recurso es de todos… pero no todos lo respetan
Montes, ríos, lagunas, bosques, bancos de piedra, pozos de agua… Muchos de estos recursos están dentro de terrenos comunales o ejidales en México. La ley reconoce que pertenecen colectivamente a quienes integran la comunidad, pero en la práctica, su aprovechamiento legal es más complejo de lo que parece. ¿Quién puede explotarlos? ¿Qué permisos se necesitan? ¿Qué hacer si alguien externo se los quiere llevar?
Propiedad comunal: más que tierra compartida
Los terrenos comunales son reconocidos por el Estado mexicano como propiedad colectiva de una comunidad indígena o campesina. A diferencia de la propiedad privada, aquí no hay títulos individuales, sino derechos colectivos. La comunidad, a través de su asamblea, decide cómo se usa, quién puede trabajarla, y qué hacer con los recursos naturales que ahí existen.
Recursos dentro del territorio: ¿de quién son?
Depende del tipo de recurso. Según la Ley Agraria y otras leyes federales, algunos recursos naturales son de la Nación, aunque estén dentro de un predio comunal. Por ejemplo:
- El subsuelo (minerales, hidrocarburos) pertenece a la Federación.
- El agua está regulada por la CONAGUA.
- Los bosques pueden ser aprovechados por la comunidad, pero con permisos.
- Los materiales pétreos o bancos de arena necesitan concesiones especiales.
Esto significa que la comunidad no puede explotar libremente todo lo que hay en su territorio, pero sí tiene derechos prioritarios sobre ese uso.
¿Se necesita permiso para aprovechar un recurso comunal?
Sí, y debe pasar por la asamblea. La comunidad debe autorizar el aprovechamiento mediante acta de asamblea formal. Si es para autoconsumo, como leña, agua para riego o uso ganadero, puede bastar con acuerdos internos. Pero si se quiere explotar de forma comercial (venta de madera, extracción de grava, etc.), se requiere:
- Autorización comunitaria documentada.
- Permiso ambiental (SEMARNAT).
- Plan de manejo, en caso de recursos forestales.
- En algunos casos, una concesión otorgada por la autoridad federal.
¿Y si llega una empresa externa?
Este es uno de los puntos más delicados. Muchas veces, empresas privadas llegan con promesas, contratos dudosos o convenios mal explicados, buscando que la comunidad les ceda el uso del recurso. Aquí es donde se debe tener mucho cuidado. La comunidad tiene derecho a rechazar, negociar, o incluso condicionar el acceso. Todo debe quedar en actas, con respaldo legal y asesoría externa si es posible.
La consulta libre, previa e informada
Cuando el uso de recursos afecta directamente a comunidades indígenas, el gobierno está obligado a realizar una consulta con base en estándares internacionales. No puede simplemente otorgar una concesión o licencia sin preguntar. Si eso sucede, la comunidad puede interponer amparos o denuncias por violación de derechos colectivos.
Casos de abuso y defensa
En muchos lugares, comunidades han denunciado que empresas se han llevado recursos sin permiso o con contratos amañados. Extracción de madera, robo de agua, uso de maquinaria pesada sin autorización. En estos casos, se puede acudir a PROFEPA, la Procuraduría Agraria o tribunales agrarios para buscar la suspensión de actividades, la cancelación de permisos o incluso sanciones penales.
¿Y si hay división interna?
Una comunidad dividida es terreno fértil para abusos. Si una parte de la comunidad autoriza y otra no, el proyecto puede avanzar en medio del conflicto. Por eso es clave respetar las decisiones de la asamblea general, llevar registros claros y buscar consenso antes de firmar cualquier documento. También es recomendable contar con acompañamiento legal de confianza.
Autonomía con respaldo legal
La autonomía comunal no significa actuar fuera de la ley. Significa que la comunidad tiene el derecho de decidir sobre su territorio, pero dentro de un marco jurídico que la protege. Lo que se decida debe hacerse con información, con transparencia y con visión a largo plazo.
Proteger el recurso es proteger a la comunidad
El agua, el bosque, la piedra, el monte… no son solo riqueza. Son vida. Permitir su explotación sin orden puede traer ganancias momentáneas, pero consecuencias graves: pérdida de biodiversidad, enfrentamientos internos o agotamiento irreversible del entorno. Por eso, el acceso legal debe ser responsable y consciente.
El futuro está en manos de la comunidad
La ley le da a la comunidad el poder de decidir. Lo importante es ejercerlo con claridad. No dejarse presionar, no firmar sin entender, no ceder por promesas vacías. El recurso que se protege hoy, es la base de la vida de mañana.