Blindaje constitucional de derechos: un desafío político en el horizonte
El reciente congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) puso sobre la mesa una ambiciosa propuesta: reformar la Constitución para blindar derechos fundamentales y avanzar en transformaciones estructurales. Sin embargo, el clima político actual en España dificulta enormemente su viabilidad.
Entre las reformas propuestas destaca el blindaje constitucional de derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso al aborto y la revalorización del salario mínimo. Estas medidas buscan evitar retrocesos legales y judiciales, tomando como referencia ejemplos internacionales donde derechos previamente garantizados han sido revocados.
Derechos fundamentales bajo protección
La inclusión en la Constitución del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al matrimonio igualitario tiene como objetivo neutralizar posibles retrocesos legislativos o interpretaciones judiciales regresivas. La experiencia de países como Italia o Estados Unidos —donde resoluciones judiciales recientes han restringido derechos previamente garantizados— sirve como alerta para impulsar estos cambios en España.
Otro pilar de la propuesta es garantizar la titularidad pública de las viviendas de promoción estatal y reforzar el acceso universal a la sanidad, blindando su carácter público frente a cualquier intento de privatización. Estas medidas buscan dar un carácter equiparable al derecho a la educación, garantizado constitucionalmente.
Transición ecológica y derechos ambientales
La propuesta socialista también incorpora derechos vinculados al medio ambiente, como el acceso al agua potable, la seguridad climática y la protección del planeta para las generaciones futuras. Este enfoque responde a la urgencia de enfrentar la crisis climática con herramientas legales más robustas.
Obstáculos en el camino de la reforma
El proceso de reforma constitucional en España es complejo. Cambios como los relacionados con el derecho al aborto implicarían activar el artículo 168 de la Constitución, que requiere mayorías cualificadas en el Parlamento, disolución de las Cortes, elecciones generales, ratificación por nuevas Cámaras y un referéndum popular.
Incluso reformas menos complejas, como la inclusión del matrimonio igualitario, exigen mayorías de tres quintos en las Cámaras y podrían estar sujetas a referéndum si lo solicita al menos el 10% de los legisladores.
Un clima político adverso
El principal obstáculo para estas reformas es la polarización política. La falta de consenso entre las principales fuerzas parlamentarias hace que las propuestas, aunque relevantes, sean prácticamente inviables en el corto plazo.
A pesar de estas dificultades, las propuestas del PSOE reflejan un deseo de avanzar hacia una mayor protección de los derechos y una actualización de la Constitución que responda a las demandas de una sociedad en constante evolución.