Derecho colectivo en comunidades indígenas: decisiones, territorio y justicia propia
El derecho colectivo no es una concesión, es un reconocimiento
En México, los pueblos y comunidades indígenas tienen derechos colectivos que van más allá de los individuales. Esto significa que tienen autonomía para decidir sobre su territorio, su forma de organización y su sistema de justicia. No es un privilegio ni una excepción: está establecido en la Constitución. Pero en la práctica, estos derechos suelen ignorarse, minimizarse o ser pisoteados por autoridades y empresas.
¿Qué implica el derecho colectivo indígena?
Se trata de reconocer a las comunidades como sujetos de derecho, no solo como grupos culturales. Pueden tomar decisiones en asamblea, elegir autoridades por usos y costumbres, administrar sus recursos naturales y aplicar formas propias de justicia interna. Todo esto está respaldado por el artículo 2° constitucional, la Ley de Derechos y Cultura Indígena y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Organización interna: asamblea y autoridad tradicional
La mayoría de los pueblos indígenas se rigen por asambleas comunitarias, donde las decisiones se toman de forma colectiva. Estas asambleas eligen autoridades que no siempre coinciden con las figuras políticas oficiales. En muchos casos, la autoridad del comisariado o del presidente municipal tiene menos peso real que la palabra del consejo de ancianos o del “topil”. Y eso, legalmente, debe respetarse.
¿Qué pasa cuando el Estado no reconoce estas figuras?
Muchas veces, los gobiernos estatales o municipales imponen reglas sin consultar a la comunidad. El problema es que el derecho exige la consulta previa, libre e informada cuando se trata de obras, concesiones o leyes que puedan afectar su forma de vida. Saltarse este paso viola derechos fundamentales. La comunidad tiene derecho a decir “no”.
Territorio: mucho más que tierra
Para las comunidades indígenas, el territorio no es solo una extensión física: es historia, identidad y sustento. Por eso, la defensa del territorio es también una defensa cultural. Aun cuando muchas tierras no están tituladas formalmente, existen reconocimientos legales sobre la posesión ancestral. Las resoluciones agrarias, los mapas comunitarios y los usos de la tierra son pruebas legítimas en tribunales.
Cuando llegan megaproyectos sin permiso
Una de las violaciones más comunes al derecho colectivo ocurre cuando empresas mineras, energéticas o turísticas entran a tierras indígenas sin consultar a la comunidad. Aunque el gobierno otorgue una concesión, esta no es válida si no hubo consulta previa. Casos como el Tren Maya, parques eólicos o presas en Oaxaca y Chiapas han sido señalados por este tipo de omisiones.
¿Puede una comunidad frenar un proyecto? Sí.
Ha habido varios casos en los que comunidades han obtenido amparos o suspensiones judiciales que frenan megaproyectos. El argumento legal se basa en el derecho a la autodeterminación, al territorio y a la consulta. Aunque no siempre es fácil ganar, el marco jurídico existe, y cada vez hay más precedentes.
La justicia indígena también es legal
En muchas comunidades existe un sistema propio de justicia, donde se resuelven conflictos sin acudir al Ministerio Público ni a los tribunales. Se aplican castigos comunitarios, trabajos colectivos o sanciones morales. Estos sistemas son reconocidos por el Estado, siempre y cuando no violen derechos humanos. Lo que antes se veía como “costumbre” hoy es parte del derecho mexicano.
Problemas frecuentes: desconocimiento e imposición
A pesar de todo lo anterior, muchas autoridades desconocen el marco legal. Policías, jueces, funcionarios y hasta notarios actúan como si el derecho indígena no existiera. También hay presión política y económica para fragmentar la organización comunitaria y facilitar el ingreso de intereses externos. Por eso, el conocimiento legal dentro de la comunidad es clave.
El acompañamiento jurídico comunitario
Diversas organizaciones civiles, colectivos de abogados y universidades han desarrollado modelos de defensa legal desde lo colectivo. No se trata de imponer el derecho occidental, sino de usarlo como herramienta para proteger lo que ya existe. También se han impulsado procesos de capacitación legal comunitaria, donde los propios habitantes aprenden a defenderse con base en la ley.
Un camino que se recorre en colectivo
El derecho colectivo indígena no se ejerce desde una oficina: se construye desde la asamblea, desde la palabra compartida y desde la resistencia. En un país donde la ley muchas veces favorece al que tiene más poder, organizarse para ejercer estos derechos es también una forma de justicia.
Reconocer, no tutelar
Las comunidades indígenas no necesitan que el Estado las “proteja”, sino que les reconozca lo que ya han construido. Sus formas de organización, de producción y de justicia no son inferiores ni obsoletas: son diferentes, y están legalmente respaldadas. Aplicar la ley no debería ser imponer, sino dialogar. Y en ese diálogo, el derecho colectivo tiene mucho que enseñar.