Reforma fiscal en la mira: las áreas de oportunidad no bastan
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su gobierno no impulsará una reforma fiscal y que, en cambio, se enfocará en explotar “áreas de oportunidad” para incrementar los ingresos públicos. Esta postura se sustenta en el crecimiento del 6% en la recaudación fiscal durante 2024, equivalente a 400,000 millones de pesos adicionales respecto al año anterior. Sin embargo, los retos fiscales estructurales del país sugieren que estas medidas podrían ser insuficientes.
En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un total de 80 millones de contribuyentes. A pesar de esta cifra, menos del 5% —aproximadamente 4 millones de personas— pagaron Impuesto Sobre la Renta (ISR). Durante el primer semestre de 2023, el ISR generó ingresos por 1.37 billones de pesos, un incremento del 9.5% en términos reales comparado con el mismo periodo de 2022. No obstante, este avance no soluciona el problema de fondo: una base tributaria limitada que depende de un reducido grupo de contribuyentes formales.
Según estimaciones del SAT, alrededor del 40% de la población económicamente activa paga impuestos, aunque esta estadística incluye a quienes aportan cantidades mínimas o están exentos del ISR debido a sus bajos ingresos. Esto genera una distribución desigual de la carga fiscal y pone a los contribuyentes formales bajo una presión creciente, una situación que no es sostenible a largo plazo.
Por otra parte, la presidenta ha rechazado rotundamente aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), argumentando que es regresivo y afectía principalmente a los sectores más vulnerables. Si bien esta medida podría ser impopular, también es cierto que la negativa a explorar ajustes al IVA mantiene al sistema fiscal en un estado crónico de insuficiencia. Sin una ampliación de la base de contribuyentes ni una diversificación de las fuentes de ingresos, la situación sigue sin resolverse.
La administración actual también ha enfatizado su compromiso con el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la fiscalización y el impulso a la formalización de negocios. Aunque estos objetivos son cruciales, su impacto puede ser limitado sin un plan integral que aborde también la desconfianza ciudadana hacia el manejo de los recursos públicos. La percepción de que los impuestos no se administran de manera eficiente o que son desviados para fines poco claros sigue siendo un obstáculo significativo.
Además, las políticas dirigidas a la formalización económica requieren incentivos claros y efectivos para que los pequeños empresarios y trabajadores informales se integren al sistema tributario. Hasta ahora, las estrategias anunciadas no parecen atender este aspecto clave.
Mientras tanto, las agencias calificadoras internacionales han subrayado la urgencia de llevar a cabo reformas estructurales que fortalezcan las finanzas del país. Sin acciones decisivas, la precaria situación fiscal de México podría deteriorarse aún más.
En resumen, sin una ampliación de la base de contribuyentes y una diversificación de ingresos, los problemas fiscales persistirán. Aunque las cifras optimistas presentadas por el gobierno buscan transmitir confianza, el panorama financiero requiere más que buenas intenciones.